El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una reforma que permite aplicar cadena perpetua a menores desde los 12 años, lo que generó críticas de organismos internacionales.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó una reforma constitucional que autoriza la cadena perpetua para menores de edad desde los 12 años, en el marco del endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por su gobierno.
La normativa, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa, establece esta pena para delitos graves como homicidio, feminicidio y violación, ampliando así el alcance de sanciones que anteriormente solo aplicaban a adultos.
Además, la reforma introduce modificaciones en distintos cuerpos legales, entre ellos el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil y normativas vinculadas a la violencia de género y el terrorismo, reforzando el enfoque punitivo del sistema judicial salvadoreño.
La medida generó preocupación en organismos internacionales. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Marta Hurtado, señaló:
“Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios (…) que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.
Hurtado advirtió que la legislación establece que los casos de menores condenados serán revisados solo tras cumplir 25 años de detención, lo que, según indicó, contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza la rehabilitación y reintegración.
Por su parte, Bukele defendió la iniciativa a través de la red social X, argumentando que recomendaciones previas de organismos internacionales facilitaron el reclutamiento de menores por pandillas, al generar un marco que, según él, otorgaba impunidad a delincuentes jóvenes.
El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF también cuestionaron la reforma, advirtiendo que la privación de libertad en menores resulta perjudicial, costosa e ineficaz para prevenir el delito.
Si bien la estrategia de seguridad del gobierno ha logrado una reducción significativa de los homicidios, diversas organizaciones de derechos humanos y expertos jurídicos han denunciado posibles vulneraciones graves a garantías fundamentales, en el contexto de la ofensiva contra el crimen organizado.
