La justicia condenó a tres integrantes de un clan familiar que simulaba robos de camiones en Linares para apropiarse de vehículos y cargas avaluadas en más de $500 millones.
El Tribunal Oral en lo Penal de Linares condenó a penas efectivas de cárcel a Braulio Bravo Sáez, Ariel Bravo Sáez y Francisco Astudillo Bravo, tras acreditarse su participación en una serie de delitos vinculados al robo de camiones de alto tonelaje y la simulación de asaltos para encubrir los hechos.
La investigación estableció que los condenados, dos hermanos y su primo, operaron entre 2023 y 2024 utilizando información privilegiada obtenida desde el interior de empresas de transporte de la comuna de Linares, donde algunos de ellos trabajaban o habían trabajado previamente.
Gracias a ese conocimiento interno, el grupo concretó cuatro delitos, sustrayendo camiones con sus respectivas ramplas y cargas, entre ellas productos de retail y madera, por un monto superior a los 500 millones de pesos.
El fiscal subrogante de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), Osvaldo Ibarra, explicó que el caso permitió revelar un sofisticado método de operación.
“Los acusados utilizaban información privilegiada obtenida por su vínculo laboral con las empresas afectadas para sustraer camiones de alto tonelaje y luego simulaban asaltos violentos, presentando denuncias falsas para intentar desviar la investigación”, afirmó.
El persecutor añadió que la investigación incorporó interceptaciones telefónicas, dispositivos GPS y otras diligencias especializadas que permitieron derribar la versión de los imputados y acreditar su responsabilidad penal.
Por su parte, el subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Linares, Mario Soto, detalló que la organización trasladaba las especies robadas hasta la Región Metropolitana para su posterior comercialización.
“Gran parte de las especies sustraídas fue recuperada y devuelta a sus propietarios gracias a las diligencias policiales”, señaló.
En total, las penas impuestas superan los 19 años de cárcel, por lo que el tribunal ordenó que los tres condenados cumplan sus sentencias de manera efectiva en un recinto penitenciario.
Con este fallo, la fiscalía y la PDI lograron desbaratar una organización criminal familiar que había obtenido millonarias ganancias mediante un elaborado esquema de fraude y robo de carga.
