Celinda Lilian Letelier. Doctora en Sociología y Cs Sociales por la Universidad Nacional de Brasilia y Flacso y Profesora por la Pontificia Universidad Católica PUC Santiago.
Desde 1.990, con el advenimiento y recuperación de la democracia, y dada la necesidad de instaurar un clima de convivencia social post régimen dictatorial o post régimen burocrático militar es que, se buscó legitimar la construcción de un espacio político para la conversación de las diferentes visiones, y se comenzó a inaugurar, posteriormente institucionalizar, un espacio de opinión pública en el que se buscó dirimir las grandes cuestiones relativas a la gobernabilidad y la gobernanza con base en el diálogo, la conversación, y la construcción de entendimiento.
En la actualidad, y al cumplirse ya un cuarto del siglo XXI, por variadas razones que van desde el proceso de diferenciación social dado por: el nivel de educabilidad de cada quién, el nivel de descentramiento que cada quién tenga, -en relación con ese proceso de integración y de socialización educativa-, pasando por la influencia, el nivel de manejo y subordinación a las redes sociales y las plataformas digitales, lo cierto es que se ha generado no solamente en Chile, sino en el mundo, un proceso de distorsión del modo cómo funciona, crece, y se desarrolla el entendimiento humano en una conversación.
Y, hemos llegado a un punto tan crítico y complejo, que las más de las veces, a nivel de la vida social, hemos dejado de percibir, desarrollar y explicitar lo evidente. Y, lo evidente aquí es que, para ejercitar el diálogo y la conversación en la búsqueda de un entendimiento contamos con:
- la existencia de la racionalidad, junto con la testaruda búsqueda humana de coherencia y consistencia en los procedimientos de razonamiento, de manera tal que: nos permitan simplemente vivir, convivir, estar en el mundo de la vida, habitar la tierra, y construir bienestar para todos y todas. Entre nosotros y nosotras, entre humanos. Ello, para no caer en la locura y el delirio del egoísmo egocéntrico.
En la actualidad, atrapados y atrapadas en las burbujas ideológicas polarizadas que nos dividen, nos movemos en mundos de la vida distanciados y conflictivos, bélicos y de guerra. Y, por lo mismo, comenzamos a reclamar, en sano juicio, la necesidad de volver a recuperar un mínimo de sentido común, para encauzar un diálogo y una conversación con sentido de presente y futuro.
Y, es en este contexto, en el que se debe considerar que, una de las primeras condiciones necesarias, para que exista diálogo y conversación es el reconocimiento que todos y todas quienes participan del proceso de conversación, lo hacen desde la racionalidad compartida que se expresa en el lenguaje y acción comunicativa. Ambos, lenguaje y acción comunicativa son compartidos, en este caso a nivel del Estado Nación, y por la inserción a una cultura, -que puede ser diversa en su expresión-, pero que se ha estructurado desde la colonia y la independencia bajo la herencia del idioma español o castellano. En Chile, esa es la estructura y la organización que expresa nuestra racionalidad.
Por cierto, esta racionalidad humana compartida tiene varios componentes que debieran irse combinando en el “lenguajiar” al decir de Humberto Maturana. No se trata solamente de incorporar los argumentos técnicos, tecnológicos, científicos, sino, los de carácter instrumental, cognitivo, saberes haceres, saberes de experiencia, aquellos conocimientos relativos a los intereses de construcción del poder político y económico, financiero.
Es más, dado que la racionalidad humana es un proceso que se despliega en el ejercicio de determinados agentes participantes, legitimados como tales para llevar a cabo esta dimensión de la vida social, es con la fuerza o robustez de la argumentación que, se va concretizando la validez de los hablantes, y sus respectivas propuestas, en una temporalidad dada y acotada de la conversación y el diálogo.
No es por acaso que los antiguos decían y siguen diciendo: “es conversando que se entiende la gente”. Y, por cierto, no es por acaso, porque el desarrollo del entendimiento humano no solamente es un aprendizaje para el individuo, lo es también para la sociedad en su conjunto, porque permite ir sentando las bases de la construcción colectiva de un bienestar social, y, porque todos los grupos humanos, y por cierto las sociedades, de este modo, van generando las bases y situaciones de “validación” de las hablas colectivas.
En efecto, al saber de Habermas, dado un contexto determinado de conversación, diálogo, o debate, la fuerza de una argumentación se medirá por la pertinencia de las razones que se esgriman en el litigio. Y, por cierto, esas argumentaciones pueden ser sometidas a corrección, y a crítica.
Otra condición que supone el ejercicio e intención última de poner en juego la racionalidad en una conversación, es compartir un mínimo común ético normativo. Se trata de establecer un acuerdo mínimo de reglas de buen trato, buena intención incluso con una cierta teleología, es decir, se trata de definir un propósito, reglas de procedimiento para tratar los asuntos en conflicto, y una voluntad humana intencionada para la acción comunicativa porque: de una conversación o diálogo fructífero se espera obtener logros. Y, no quiebres o puntos muertos.
Es decir, de una conversación se espera: producción de verdad, conocimiento, producción de acuerdos y de ser posible, arribar a mínimos de consenso que permitan la convivencia por un tiempo también razonable. Por lo tanto, para dialogar, conversar y llegar acuerdos, se necesita no solo ejercitarse en el propio entendimiento y proceso de argumentación, sino que se necesita escuchar, escuchar con atención, en el presente, en un estado receptivo y no impositivo ni prepotente.
Esto implica entonces, solicitarles a los participantes del diálogo y /o conversación: responsabilizarse por sostener las confianzas, la credibilidad, una cierta trasparencia, en el sentido de reconocer e identificar al otro y otra, como un legítimo otro no solo de la convivencia, sino, de la racionalidad argumentativa que se expresa en el proceso, en el cual, la acción comunicativa se está ejercitando.
Y, por cierto, estas exigencias se vuelven más comprometedoras, en tiempos en que no solamente la adquisición del lenguaje, de la racionalidad, de la argumentación están siendo superadas por las polarizaciones de los emoticones rentables a la nube, también por los intereses técnicos instrumentales de los réditos electorales, y de valoración en las encuestas de opinión; sino además, por el mismo esfuerzo de la práctica política, expuesta a una distorsión desenfocada de lo que sea la eficiencia, la consistencia de las ideas y del mismo entendimiento.
Por lo mismo, es necesario que, desde el inicio de la conversación y el diálogo, los agentes participantes expliciten y valoren este sentido teleológico, esta intencionalidad y propósito de la conversación. Y, además, se comprenda que la argumentación es para promover la reflexión, la deliberación y la toma de decisiones con un fundamento y sentido.
Un ejemplo que demuestra el funcionamiento de lo anteriormente expuesto, ocurre en democracia, en el parlamento, con la composición de la cámara baja y la cámara alta electa por votación popular, y lo que ocurre en el poder ejecutivo principalmente con el presidente, y sus ministros de gobierno.
En efecto, por estos días, y en un clima bastante enrarecido por la falta de conversación y diálogo, ha ingresado al parlamento para su discusión, posterior aprobación, y clasificado con carácter de urgencia, el proyecto de ley subtitulado como megaproyecto de reforma, o proyecto ley tutifruti, misceláneo, de un cuanto hay…
Se trata de un megaproyecto de reforma que da inicio al gobierno del presidente José Antonio Kast quien asumiera en sus funciones el 11 de marzo recién pasado con el 58% de la votación electoral, y a dos meses de investido en el cargo, con más o menos el mismo nivel de desaprobación según la mayoría de las encuestas de opinión.
Por de pronto, y en democracia, es obvio que la aprobación de la idea de legislar sobre el proyecto en comento, dependerá de los votos que obtenga, de acuerdo a los procedimientos establecidos, en este caso por la cámara de diputados, los cuales, y en seguimiento de la actual composición de la cámara, se estima resulte favorable.
Sin embargo, la continuidad de la tramitación del proyecto en ambas cámaras, no garantiza ni la conversación, ni el diálogo, ni los acuerdos, ni el consenso, ni el entendimiento en relación con lo que el país en su mayoría, dice necesitar. Tampoco garantiza la gobernabilidad, la conducción, ni el diseño de un gobierno liderado por el Partido Republicano, posicionado en la extrema derecha. No garantiza el advenimiento de la racionalidad ni el entendimiento en función del bienestar general. Quedando ad portas del ejercicio de un poder fáctico empresarial en el ejecutivo, y de un ascenso del fisiologismo político economicista en el parlamento.
Todo ello ocurre cuando se ha formado un sentido común en la población respecto del proyecto, se alega que: favorece al 1% más rico de la población con la rebaja de impuesto tributario, contiene improvisadas ventajas para el aumento de inversiones con fuertes costos para el medioambiente, y la vida de los territorios. Y, aquí, el ejemplo clásico que se entrega es el de la relocalización de las empresas salmoneras, y la compensación que el Estado ofrecerá a aquellos inversionistas de proyectos que involucren evaluaciones de impacto medioambiental.
Por otra parte, destacados liderazgos nacionales con representación en el congreso, en los colegios profesionales, intelectuales y académicos, incluso organismos como el concejo fiscal autónomo han advertido no solamente la ausencia de diálogo, debate y aprecio por el intercambio de ideas de parte del gobierno y el ejecutivo; sino que han insistido en que el proyecto tiene un déficit de racionalidad y de coherencia interna que no están debidamente justificados en la propuesta y que merecen de atención, acuerdos, conversaciones, y diálogo.
Al parecer, la mayoría del país, no solo los técnicos, expertos y expertas, entienden la importancia del crecimiento económico, entienden que, al estimular la rebaja de impuestos a las grandes empresas, podría a modo de efecto en cadena, generarse inversión de capitales, los cuales, a su vez, devolverían, casi como por acto de magia, mayor generación de empleos, lo cual, de paso, conseguiría traer de vuelta, la tan manoseada teoría del chorreo neoliberal. Mientras, en la contraparte, se argumenta la necesidad de compensación por la rebaja de impuestos, y la modificación del sistema tributario chileno.
La mayoría entiende la necesidad del ajuste del gasto fiscal, sin embargo, no todo se justifica a cualquier precio, ni por imposición, sin explicación, ni con pérdida de los derechos sociales adquiridos. Es decir, sin racionalidad, sin argumentación, sin deliberación, sin entendimiento, sin conversación, sin acuerdo sobre los mínimos adquiridos.
Al cierre, se entiende que la ciudadanía se apronta a vivir un proceso de conversación, diálogo y debate en el que deberá prepararse para comprender y aprender muchos conceptos propios de la economía y las finanzas que antes y sin las redes sociales pasaban colados. Sin embargo, a estas alturas, la mayoría ciudadana tiene una comprensión del funcionamiento de la democracia, del Estado, del gobierno y del parlamento. Es cierto que no necesariamente lo valora positivamente en el reconocimiento de su trabajo y función, pero entiende que, es en este lugar donde se terminara zanjando el destino de estos cuatro años de gobernabilidad.
La ciudadanía entiende además que, si no escucha, ni aprende a conversar sobre estos asuntos públicos, pueden pasarle gato por liebre o embolinarle la perdiz. Puede ser una gran oportunidad para Chile, de recuperar la legitimidad del rol del parlamento.
