La exministra Camila Vallejo enfrenta cuestionamientos por presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales, mientras una sociedad ligada a su familia política recibió millonarios contratos públicos durante el gobierno de Gabriel Boric.
La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, quedó en el centro de la polémica tras revelarse antecedentes sobre presuntas omisiones en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) mientras ejercía funciones en el gabinete del expresidente Gabriel Boric.
Según una investigación publicada por medios nacionales, la exsecretaria de Estado no habría incorporado en sus declaraciones a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública establece la obligación de informar vínculos familiares por afinidad hasta segundo grado.
La controversia surge además por los contratos adjudicados a la sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, empresa integrada actualmente por familiares políticos de Vallejo y que presta servicios oftalmológicos al sistema público de salud.
De acuerdo con antecedentes recopilados desde Mercado Público, la sociedad acumuló más de $2.156 millones en órdenes de compra aceptadas entre 2011 y 2026. De ese total, alrededor de $1.209 millones corresponden al período del gobierno de Boric, principalmente mediante prestaciones al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
La investigación también detalló que Abel Zicavo, esposo de Vallejo y exintegrante de la banda La Moral Distraída, participó anteriormente en la propiedad de la empresa. Sin embargo, vendió su participación en 2018, antes de que Vallejo asumiera como ministra.
Otro de los antecedentes expuestos apunta al oftalmólogo Raúl San Martín Geisse, quien habría participado en algunas comisiones evaluadoras relacionadas con licitaciones adjudicadas a la sociedad y, en otros casos, figuraría como prestador subcontratado por la misma empresa.
Desde el entorno de la exministra aseguraron que la información “fue rectificada a través de la plataforma oficial y cumple con todos los requisitos legales”. No obstante, el reportaje sostiene que, hasta el cierre de la publicación, la declaración pública seguía sin incluir a todos los familiares cuestionados.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, advirtió que este tipo de antecedentes no constituyen “un detalle meramente formal”, ya que las declaraciones patrimoniales permiten detectar eventuales conflictos de interés y fortalecer la confianza pública en las autoridades.
