La Fiscalía de San Javier imputó al exdirector de Seguridad Municipal por un presunto fraude al fisco cercano a los $5 millones. El tribunal decretó medidas cautelares y fijó un plazo de investigación de dos meses.
La Fiscalía de San Javier formalizó este 16 de junio de 2026 a Carlos Muñoz Aedo, exdirector de Seguridad Municipal de la comuna, por el delito reiterado de fraude al fisco, tras una investigación que detectó un perjuicio económico cercano a los 5 millones de pesos para las arcas municipales.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el imputado aprovechó las facultades administrativas y de gestión asociadas a su cargo para coordinar la contratación y pago de servicios de seguridad que, en varios casos, no se habrían ejecutado o ya estaban cubiertos por las funciones de trabajadores municipales.
Las diligencias permitieron establecer que los hechos investigados ocurrieron entre septiembre de 2022 y enero de 2023, período en el que se habrían emitido boletas de honorarios vinculadas a actividades como las Fiestas de la Chilenidad, aniversarios comunales, ferias navideñas y eventos culturales.
El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, explicó que la investigación determinó que el exfuncionario “abusando de su cargo de confianza, orquestó un sistema para defraudar a la municipalidad”. Según detalló, el imputado instruía a funcionarios subordinados para emitir boletas por servicios inexistentes o ya considerados dentro de sus labores habituales.
“Una vez que el municipio depositaba los fondos, los funcionarios retiraban el dinero en efectivo y se lo entregaban personalmente en dependencias de la Municipalidad de San Javier”, sostuvo el persecutor.
La Fiscalía indicó que esta maniobra provocó un perjuicio patrimonial cercano a los $5 millones, razón por la cual el imputado enfrenta una causa que podría derivar en penas que fluctúan entre 5 años y un día y 10 años de presidio, en caso de acreditarse su responsabilidad.
Tras la audiencia de formalización, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal. Además, fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de las diligencias pendientes y el cierre de la investigación.
La causa continúa en etapa investigativa mientras la Fiscalía reúne nuevos antecedentes para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar eventuales responsabilidades adicionales.
