La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de protección contra el municipio de Constitución, por construcciones no autorizadas en Terrenos Fiscales. El hecho culminó en la demolición de 31 cabañas de lujo en el sector Puerto de Maguillines, frente al mar, gracias a la aplicación de la normativa.
A primera hora del miércoles recién pasado, comenzó la demolición de las conocidas como “Tomas VIP de Constitución”, lo anterior ocurre luego de una sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, la cual rechazó un recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad de Constitución, destacando así la importancia de la protección de las normas legales y constitucionales.
El recurso fue presentado por las mismas personas que habían construido en el terreno fiscal, mas no pudo contra la normativa vigente.
Sentencia
Según la sentencia redactada por el Ministro Suplente Álvaro Saavedra Sepúlveda, esta acción contradice el Decreto 9/2018 del Ministerio de Defensa Nacional, que prohíbe cualquier construcción en bienes sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del ministerio, a menos que exista una concesión o permiso de acuerdo con la Ley sobre Concesiones Marítimas.
Asimismo, el fallo enfatizó que la Corte no es una instancia para la declaración de derechos, sino para la protección de derechos preexistentes que se vean afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.
En este caso particular, se determinó que el derecho de propiedad invocado por los recurrentes no tenía carácter preexistente e indubitado, por lo que el recurso de protección fue rechazado.
De igual modo se refirió a la presunción de legalidad que respalda los actos administrativos, señalando que los recurrentes no habían presentado argumentos convincentes contra la legalidad del acto administrativo que ordenaba la demolición de las construcciones ilegales.
Aplicación de las normas
El Ministro Suplente Álvaro Saavedra Sepúlveda, quien redactó la sentencia, subrayó la importancia del respeto a las normas y regulaciones, y destacó la labor de las autoridades en la defensa de estos principios.
La sentencia subraya la necesidad de seguir los procedimientos y regulaciones establecidos para la construcción, especialmente en terrenos fiscales, y respalda la competencia de las autoridades para tomar acciones cuando estas normas son violadas.
Finalmente, la Corte desestimó el recurso de protección, confirmando la validez del acto administrativo emitido por la Municipalidad de Constitución.
