El proceso constituyente en Chile es una oportunidad histórica para construir un nuevo marco que refleje los valores y desafíos de una sociedad democrática del siglo XXI. Sin embargo, en medio de esta importante tarea, ciertos sectores han puesto en peligro el éxito de esta empresa al anteponer sus ideas y agendas políticas por encima de los intereses colectivos.
Estos actores, ya sea por su afán de imponer una visión particular del país o por temor a ceder espacios de poder, han llevado sus posiciones hasta las últimas consecuencias, dejando de lado cualquier intento de diálogo y búsqueda de consensos, o peor aún simulando estos. En lugar de aprovechar este proceso para construir puentes y tender lazos entre distintos sectores, han optado por su camino propio, así como lo sucedió en el proceso constituyente 1.0.
Es evidente que estos sectores son conscientes de que sus posturas extremas y dogmáticas dificultan enormemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo amplio y legítimo en la elaboración de una nueva Constitución. Sin embargo, parecen estar dispuestos a aceptar el fracaso de este segundo proceso constituyente con tal de no ceder en sus intereses.
Esta actitud partisana amenaza con perpetuar las debilidades y deficiencias del actual sistema constitucional chileno, impidiendo la construcción de un marco que esté legitimado por amplios sectores de la sociedad. Al anteponer sus propios intereses, estos actores ignoran las necesidades y aspiraciones de millones de ciudadanos que esperan un cambio real y significativo en la piedra angular que rige el país.
Es crucial recordar que una Constitución debe ser inclusiva y representar los diversos puntos de vista y realidades de la sociedad a la que pertenece. Debe ser un marco que garantice los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que promueva el bienestar común, sin privilegiar a un grupo por encima de otros. Sin embargo, estos sectores (con su mayoría) parecen olvidar este principio fundamental y, en cambio, buscan perpetuar su propia visión del país, sin considerar las necesidades de aquellos que piensan distinto.
En este contexto, es imperativo que la ciudadanía y aquellos comprometidos con una sociedad democrática y equitativa estén alerta y exijan que se respeten los principios de participación, diálogo y construcción colectiva que deben regir un proceso constituyente legítimo. No podemos permitir que la obstinación de algunos vuelva a poner en riesgo la posibilidad de construir un Chile más justo y plural.
El desafío de generar un nuevo texto constitucional para Chile requiere de un compromiso real con el bienestar colectivo y con el fortalecimiento de nuestra democracia. Debemos superar las divisiones y trabajar en conjunto para alcanzar un consenso que nos permita avanzar como sociedad. Solo así podremos dejar atrás las sombras del pasado y construir un futuro en el que todos los chilenos se sientan representados y protegidos por una Constitución que refleje nuestros valores y anhelos como nación.
El “los demás que se jodan”, no puede repetirse, a riesgo de perder una oportunidad histórica para nuestro país.
Diego Palomo
Benjamín Ubilla
U. de Talca
