La iniciativa promovida por parlamentarios de oposición sumó 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones.
La Propuesta fue impulsada por los miembros de la oposición, incluyendo a Chile Vamos, el Partido Republicano y Demócratas, y su eje principal buscaba acordar que la corporación acuda al Tribunal Constitucional para reclamar por la creación de la Comisión contra la Desinformación.
Ante esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, agregó que “el decreto lo que hace es crear una comisión temporal, consultiva, que no tiene labores ejecutivas, simplemente con el propósito de obtener la opinión de expertos sobre el contenido de la desinformación y los impactos que estas tienen en el funcionamiento del sistema democrático”.
“En el sistema institucional chileno, la regulación de la libertad de expresión se encuentra ampliamente garantizada y lo que está regulado sólo por ley, son sólo las consecuencias de su ejercicio inadecuado”, comentó.
“Si lo que se objeta es la existencia de una comisión asesora ministerial, en este caso, también aplicaría en el caso de las comisiones asesoras presidenciales. La simple existencia de un órgano consultivo que pudiera estar vinculado a la finalidad de discutir o elaborar políticas públicas o proyectos de ley, por esa sola circunstancia, serían objeto de inconstitucionalidad, eso no se compadece, ni con la regulación previa existente, pero tampoco se compadece con el funcionamiento adecuado de la administración pública”, sentenció.
La Comisión contra la Desinformación ha sido defendida por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien ha indicado que su principal búsqueda es “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, al ministro o ministra secretario general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.
