La Contraloría Regional del Maule ordenó a la Municipalidad de Longaví recuperar más de $732 millones por pagos improcedentes en asesorías financieras y detectó nuevas irregularidades administrativas.
La Contraloría Regional del Maule instruyó un reparo por $732 millones a la Municipalidad de Longaví, tras concluir que los pagos efectuados por servicios de asesorías financieras resultaron improcedentes y sin relación directa con un servicio único y especializado.
El organismo fiscalizador advirtió que dichas asesorías no se vinculaban con funciones municipales, ya que correspondían a tareas propias de la Dirección de Administración y Finanzas, lo que vulnera los criterios de contratación. Además, el precio pactado se basó en beneficios de una licitación anterior, los cuales no se encontraban claramente fijados, según precisó la CGR.
Estas observaciones forman parte de un examen de cuentas que detectó múltiples irregularidades financieras y deficiencias en los controles internos del municipio. Los antecedentes deberán incorporarse al sumario administrativo que ya se encuentra en curso durante la gestión del alcalde Jaime Briones Jorquera, independiente con cupo del Partido Socialista.
El análisis abarcó procesos administrativos y financieros ejecutados entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, periodo en el que se registraron 33 pagos asociados a los servicios cuestionados. La Contraloría ordenó recuperar la totalidad de los recursos desembolsados y continuar el procedimiento disciplinario.
Asimismo, la CGR constató que el municipio percibió más de $847 millones en intereses por fondos de terceros mantenidos en cuentas corrientes sin autorización de las entidades aportantes y sin reintegrar los montos correspondientes. Frente a ello, instruyó implementar controles formales, ajustar órdenes de compra a contratos vigentes, certificar actuaciones por funcionarios designados y cumplir plazos de pago.
Finalmente, el informe identificó diferencias entre cartolas bancarias del municipio y del banco en febrero de 2023 y octubre de 2024, lo que refuerza la necesidad de regularizar procedimientos y transparentar la gestión financiera.
