La decisión del Tribunal Constitucional permitió reactivar el juicio por presunta colusión contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol, paralizado desde febrero por un recurso de acreedores de Enjoy.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento presentado por AVLA Seguros de Crédito y Garantía e Inversiones Asterix, acreedoras de Enjoy, y con ello permitió reactivar el juicio por presunta colusión que se tramita ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La acción judicial había mantenido suspendida la causa desde el 25 de febrero de 2026, luego que ambas firmas buscaran incorporarse como terceros independientes en el proceso que investiga la eventual coordinación entre grandes operadoras de casinos del país.
En su resolución, el TC concluyó que “la argumentación de la parte requirente no logra articular un conflicto de constitucionalidad”, descartando así la procedencia del recurso. Además, sostuvo que el cuestionamiento formulado corresponde a “un asunto de mera legalidad”, relacionado con la interpretación de normas por parte del TDLC.
Con esta decisión, el tribunal especializado podrá retomar las audiencias y avanzar en la etapa probatoria del caso impulsado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que en octubre de 2024 acusó a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, junto a exejecutivos, de coordinar acciones para influir en licitaciones de permisos de operación de casinos realizadas entre 2020 y 2021.
La FNE solicita en la causa multas por 171.354 UTA, equivalentes a cerca de US$151,9 millones, además de eventuales sanciones que podrían incluir la revocación de permisos obtenidos mediante prácticas anticompetitivas.
El fallo también impacta indirectamente en el proceso de reorganización financiera de Enjoy, ya que las acreedoras argumentaban que el resultado del juicio podía afectar el traspaso de activos vinculados a casinos. Sin embargo, el TC estimó que ese interés no justificaba una revisión de carácter constitucional.
Con el pronunciamiento del máximo tribunal constitucional, el foco del caso vuelve ahora al TDLC, instancia que deberá determinar si existió o no colusión entre las principales operadoras de casinos del país en uno de los procesos más relevantes en materia de libre competencia de los últimos años.
