La controversia surgió tras publicaciones de empresas de transporte que atribuyeron al municipio la restricción en el sector del cruce Varoli, medida que afecta a pasajeros y estudiantes.
La Municipalidad de Talca salió al paso de las publicaciones difundidas por empresas de transporte interurbano que atribuyeron al municipio la prohibición de tomar y dejar pasajeros en el sector del cruce Varoli, medida que comenzó a regir este lunes 11 de mayo.
A través de un comunicado oficial, la casa edilicia aseguró que no ha emitido ningún decreto, instructivo ni resolución administrativa que establezca restricciones para el descenso o ascenso de pasajeros en dicho punto de la capital regional.
Desde el municipio enfatizaron que “no existe documento oficial que respalde las afirmaciones realizadas por algunas empresas”, las cuales informaron en redes sociales que la restricción había sido determinada por la administración comunal.
La municipalidad precisó además que el tramo corresponde a infraestructura bajo la administración de la concesionaria de la Ruta 5 Sur, tramo Talca–Chillán, por lo que cualquier decisión operacional relacionada con el sector “no depende de la Municipalidad de Talca”.
En el mismo comunicado, la entidad lamentó que se responsabilizara públicamente al municipio por una medida que —según señalaron— “ha generado confusión e incertidumbre entre vecinos y usuarios del transporte interurbano”.
“Esperamos que esta situación pueda ser aclarada por las mismas vías y canales mediante los cuales se difundió inicialmente la información”, agregaron desde la administración comunal.
La controversia también abrió preocupación entre estudiantes de la Universidad Católica del Maule e Inacap, quienes utilizaban habitualmente el paradero del cruce Varoli para descender y caminar hacia sus respectivos campus.
Con la modificación, muchos pasajeros deberán bajar en el Terminal de Buses de Talca lo que implica tomar locomoción adicional para llegar a sus destinos. La situación podría traducirse en un mayor gasto diario para estudiantes y trabajadores, en medio del impacto que ya ha provocado el alza de los combustibles y de las tarifas del transporte.
Además, usuarios advirtieron posibles problemas de congestión en el terminal y una mayor presión sobre los recorridos hacia sectores como San Clemente, debido al incremento de pasajeros que deberán combinar servicios de transporte urbano.
La controversia también expuso la falta de canales claros y coordinados para informar cambios que afectan directamente a pasajeros, estudiantes y trabajadores. Mientras las empresas anunciaban restricciones en redes sociales, los usuarios debieron enfrentar dudas respecto de los puntos de descenso autorizados y los costos adicionales que implicará modificar sus recorridos habituales.
En ese contexto, el episodio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la comunicación entre actores públicos y privados, especialmente cuando las decisiones impactan de manera directa la movilidad y el bolsillo de la ciudadanía.
