La Comisión de Hacienda rechazó varias disposiciones del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el ministro Jorge Quiroz, incluyendo cambios sobre inteligencia artificial, Sence y compras públicas.
Una extensa sesión de la Comisión de Hacienda, que se prolongó hasta cerca de las cinco de la madrugada, terminó dejando fuera varias de las normas más controvertidas del proyecto de Reconstrucción Nacional promovido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Durante la discusión en particular, los parlamentarios rechazaron artículos relacionados con inteligencia artificial, propiedad intelectual, capacitación laboral y compras públicas, en medio de un debate marcado por diferencias incluso dentro de sectores oficialistas y de oposición como Renovación Nacional.
Uno de los puntos que generó mayor controversia correspondió al artículo vinculado a inteligencia artificial y derechos de autor. La propuesta pretendía incorporar una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual, permitiendo utilizar obras protegidas para procesos de extracción y análisis masivo de datos sin autorización ni pago de remuneraciones a sus creadores.
La iniciativa despertó críticas de diversos sectores, especialmente por los posibles efectos sobre la protección de contenidos utilizados para entrenar modelos de IA. Pese a las gestiones realizadas por el Ejecutivo en las horas previas a la votación, la disposición finalmente no consiguió respaldo suficiente y quedó fuera del proyecto.
Otro de los reveses importantes afectó al sistema de capacitación laboral administrado por el Sence. La comisión rechazó el artículo que buscaba modificar la franquicia tributaria que actualmente permite a las empresas descontar parte de sus gastos en capacitación del impuesto de primera categoría.
Tampoco prosperó la propuesta que eliminaba la posibilidad de financiar certificaciones de competencias laborales mediante ese beneficio tributario, medida que había generado inquietud entre actores ligados al mundo del trabajo y la formación técnica.
En paralelo, la comisión también descartó cambios relacionados con compras públicas y probidad. La norma proponía establecer nuevas restricciones para la contratación de familiares de funcionarios vinculados al Ministerio de Obras Públicas, además de actualizar criterios de transparencia en contratos y concesiones.
A ello se sumó el retiro del artículo sobre intercambio de información tributaria. En este caso, el propio Ejecutivo solicitó dejar fuera la disposición para incorporar parte de su contenido en otras normas del proyecto.
La votación dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para alinear apoyos en torno a algunos de los ejes más sensibles de la reforma impulsada por Hacienda, especialmente en materias regulatorias, tributarias y laborales que habían concentrado críticas durante la tramitación legislativa.
