Alejandro Cárcamo Righetti, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Doctor en Derecho por la Universidad de Talca.
En nuestro actual diseño institucional de Gobierno contamos con 25 Ministerios organizados por materias, siendo estos, los siguientes: Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minería, Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Deporte, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Bienes Nacionales.
Ahora bien, desde la instalación del actual Gobierno -el 11 de marzo de 2026- se cuenta con un biministro -Daniel Mas Valdés- quien lidera el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio de Minería. Por su parte, con el reciente ajuste ministerial de fecha 19 de mayo de 2026, se suman dos nuevos biministros, uno, que lidera el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno -Claudio Alvarado Andrade- y, otro, que dirige el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones -Louis De Grange-.
En este contexto organizacional, y teniendo en consideración que uno de los principales pilares del programa del Gobierno es potenciar la eficiencia en el Estado y la reducción del gasto público, resulta un deber de coherencia insoslayable que el Poder Ejecutivo impulse un proyecto de ley que fusione algunos Ministerios, reduciendo con ello el tamaño del aparato público.
Si bien hay quienes sostienen que una reducción del Estado, de los recursos públicos y del gasto, impacta directa y negativamente en los servicios y prestaciones que este otorga a la ciudadanía, ello solo constituye un mito ideológico, por cuanto no es efectivo que el crecimiento o aumento de lo anterior, repercuta siempre y necesariamente en mayores y mejores servicios para la población. El Estado chileno ha crecido sustancialmente durante los últimos años, tanto en su orgánica como en el recurso humano, lo cual no se ha visto reflejado en igual medida o proporción en la cantidad y calidad de los servicios.
El mayor desafío radica entonces en que el Estado, disminuyendo su tamaño y optimizando el empleo de los medios públicos disponibles, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y coordinación, otorgue mayores y mejores prestaciones a las personas, sin olvidar que su fin superior, bajo el principio de servicialidad del Estado, “(…) es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”, como lo impera el artículo 1°, inciso 4°, de la Carta Fundamental.
