La Junaeb presentó denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y el CDE por presuntos pagos irregulares y contratos cuestionados durante años anteriores.
La Dirección Nacional de Junaeb presentó acciones ante la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras detectar presuntas anomalías financieras y administrativas vinculadas al programa de alimentación escolar.
El director nacional de la institución, Fernando Peña, acudió hasta la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público para entregar antecedentes sobre pagos que habrían superado los 14 mil millones de pesos por servicios de alimentación que nunca llegaron a estudiantes de la región de O’Higgins.
Según informó el organismo, las auditorías internas detectaron pagos asociados a raciones y onces no entregadas, además de modificaciones contractuales que no contaron con el proceso de revisión obligatorio por parte de la Contraloría.
“Pagos por onces que no se entregaron y modificaciones de contrato sin toma de razón facilitaron finalmente estos pagos”, afirmó Fernando Peña, apuntando a contratos adjudicados directamente a la empresa Soser.
La investigación también involucra a un exasesor jurídico de la institución. De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría participado en modificaciones contractuales que incrementaron los montos pagados por ración sin la validación correspondiente de los organismos fiscalizadores.
El caso generó nuevas dudas luego de que el exfuncionario pasara posteriormente a desempeñar funciones estratégicas en la misma empresa mencionada en la denuncia, situación que podría configurar eventuales conflictos de interés.
Exautoridad rechaza acusaciones
La exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, respondió a las acusaciones y aseguró que los contratos cuestionados se originaron antes de su administración.
“Las acusaciones corresponden a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera”, sostuvo la exautoridad en declaraciones a Radio Bío Bío.
Rubio además afirmó que la Contraloría ya había revisado parte de los antecedentes y descartó irregularidades relacionadas con contratos investigados anteriormente. A su juicio, la ofensiva judicial busca desviar la atención de eventuales ajustes presupuestarios que afectarían al organismo y al Ministerio de Educación.
Desde la actual administración de Junaeb señalaron que las auditorías continúan en desarrollo y no descartaron presentar nuevas acciones judiciales si aparecen más antecedentes durante la investigación.
