La Fiscalía del Maule formalizó a seis funcionarios de Carabineros acusados de integrar una organización criminal que realizaba falsos allanamientos y sustraía dinero a víctimas, incluyendo una adulta mayor y un niño de seis años.
Un complejo caso de presunta corrupción policial sacude a la Región del Maule tras la formalización de seis funcionarios de Carabineros de Chile, entre ellos un teniente, acusados de participar en una organización criminal dedicada a ejecutar falsos procedimientos policiales para apropiarse de dinero y bienes de particulares.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por asociación criminal, robos con intimidación, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, detenciones ilegales y tráfico de drogas.
La investigación sostiene que el grupo simulaba operativos vinculados al comercio ilegal de cigarrillos para ingresar a domicilios y locales comerciales. Una vez en el lugar, intimidaban a las víctimas, efectuaban allanamientos sin autorización judicial y posteriormente elaboraban documentación adulterada para aparentar legalidad en sus actuaciones.
Uno de los antecedentes más impactantes revelados durante la audiencia corresponde a las víctimas afectadas. El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, informó que entre los bienes sustraídos se encontraba la pensión de una adulta mayor de más de 80 años y los ahorros de un niño de apenas seis años.
“Hay personas mayores de edad, menores de edad. En las incautaciones que hicieron irregularmente estaba la pensión de una persona mayor de más de 80 años y los ahorros de un niño de seis años”, señaló el persecutor.
Contardo calificó los hechos como delitos de “una baja moralidad impresionante”, considerando la vulnerabilidad de quienes habrían resultado afectados por las acciones de los funcionarios investigados.
La indagatoria surgió a partir de antecedentes recopilados por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, organismo que trabajó en conjunto con la Fiscalía para reunir pruebas y determinar la eventual participación de los uniformados.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la organización mantenía una estructura jerárquica interna. Un teniente habría coordinado las operaciones, asignando funciones específicas y supervisando la confección de informes falsificados que posteriormente eran remitidos a tribunales y fiscales.
La audiencia de formalización se extendió por cerca de siete horas e incluyó la exposición de múltiples hechos ocurridos desde septiembre del año pasado. Mientras la investigación continúa, el caso ha generado profundo impacto público debido a la gravedad de las acusaciones y a la condición de vulnerabilidad de algunas de las víctimas.
