La entidad fiscalizadora detectó incumplimientos legales, falta de coordinación institucional y deficiencias de control en el ingreso de menores haitianos al país, ordenando sumarios y nuevas investigaciones.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó una serie de irregularidades administrativas en la gestión del Programa de Reunificación Familiar, mecanismo que permitió el ingreso a Chile de niñas, niños y adolescentes haitianos durante los últimos años. Los hallazgos motivaron la apertura de sumarios en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.
El organismo fiscalizador emitió el Informe Final N° 541-2025, donde identificó incumplimientos normativos, deficiencias de control y una escasa coordinación entre las instituciones responsables del proceso migratorio y de la protección de menores.
Uno de los antecedentes más relevantes apunta al actuar del Servicio Nacional de Migraciones, dirigido por Luis Eduardo Thayer (FA), que flexibilizó requisitos exigidos por la ley mediante un memorándum interno. Según la Contraloría, dicha medida carecía de respaldo legal y permitió aprobar solicitudes con documentación incompleta, vencida o sin las legalizaciones correspondientes.
El informe sostiene que los requisitos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería N° 21.325 no podían ser modificados mediante un documento administrativo interno. En ese sentido, la CGR concluyó que esta práctica constituyó una “evidente vulneración al ordenamiento jurídico”.
La auditoría también detectó problemas en los controles migratorios. Entre ellos, la falta de verificación adecuada de adultos responsables de menores, inconsistencias en registros oficiales y la ausencia de sanciones oportunas contra una aerolínea que ingresó al país sin presentar el listado de pasajeros exigido por la normativa vigente.
Asimismo, la investigación reveló una preocupante falta de coordinación entre el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez. La Contraloría advirtió que los organismos carecían de protocolos comunes, mecanismos eficientes de intercambio de información y procedimientos para enfrentar situaciones críticas relacionadas con el resguardo de los menores.
Entre las observaciones más sensibles figura la inexistencia de medidas claras para casos como el fallecimiento del familiar que justificaba la reunificación, el seguimiento posterior al ingreso de los menores y la verificación efectiva de sus condiciones de protección una vez establecidos en el país.
Respecto de la PDI, el informe señala que la institución no cuenta con manuales generales y completos de control migratorio, además de registrar errores en bases de datos y discrepancias de información con otros organismos públicos.
Como resultado de la fiscalización, la Contraloría instruyó diversos procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas. También ordenó implementar sistemas de seguimiento activo para los menores ingresados bajo esta modalidad, realizar un examen especial por posibles sanciones no aplicadas a una aerolínea y abrir una investigación por la filtración de información sensible contenida en el preinforme de la auditoría.
La entidad fiscalizadora remitió además antecedentes al Ministerio Público, mientras continúa el análisis de las responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas en el proceso de reunificación familiar.
