Expertos de la Universidad de Talca alertan que la permanencia de personas dadas de alta en recintos médicos no es solo un problema de camas, sino una falla crítica en las redes de apoyo familiar y estatal.
Recientemente, la ministra de Salud, May Chomali, expuso ante la Comisión de Salud del Senado una realidad alarmante. Cientos de personas permanecen en recintos asistenciales a pesar de contar con el alta médica, simplemente porque carecen de un entorno familiar o institucional que asuma su cuidado.
Según datos de la División de Gestión de la Red Asistencial, se registran 886 casos activos a nivel nacional bajo esta condición. De este total, el 71% corresponde a personas mayores de 60 años, lo que evidencia una profunda vulnerabilidad en la tercera edad. La académica de la Universidad de Talca, Carolina Riveros Ferrada, explica que estas personas no requieren atención clínica aguda, sino supervisión y condiciones básicas de vida que la sociedad no les está proveyendo.
“Estamos hablando de una cuestión de cuidados”, sostiene Riveros, quien enfatiza que este fenómeno representa la “punta del iceberg” de un problema social mayor. Para la especialista, el hecho de que un paciente no pueda volver a su hogar por falta de redes de apoyo demuestra una fractura en los deberes éticos y jurídicos de las familias y las comunidades. Esta soledad, advierte, termina deteriorando la salud de los afectados incluso más que sus patologías base.
Ante este escenario, la docente subraya la urgencia de aplicar con rigor la Ley 21.805, enfocada en el derecho al cuidado. La solución no depende exclusivamente del Estado, sino de una articulación que involucre a la familia y la comunidad. Como concluye la experta, el abandono de una persona mayor proyecta una imagen negativa de la nación, interpelando a Chile a construir un sistema que garantice dignidad y resguardo a sus miembros más frágiles.
