La justicia consideró que la gravedad de los delitos y el eventual perjuicio fiscal de $104 millones convierten a los imputados en un peligro para la sociedad.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, tras una extensa audiencia de formalización por delitos asociados a corrupción y uso irregular de recursos públicos.
El juez Daniel Urrutia acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público y dio por acreditados los delitos imputados contra el exparlamentario, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, la Fiscalía sumó cargos por cohecho, delito electoral y delito tributario.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que la gravedad de los hechos y la reiteración de las conductas justificaban la medida cautelar más gravosa. “La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad”, afirmó el juez al decretar la prisión preventiva de ambos acusados.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, apunta a una presunta estructura destinada al desvío de fondos públicos para fines personales y electorales. Según los antecedentes expuestos, el eventual perjuicio fiscal alcanzaría los $104 millones.
La causa también incluye antecedentes relacionados con el uso de recursos del Congreso para saldar una deuda personal con la imprenta MMG, empresa que prestaba servicios a campañas políticas vinculadas a dirigentes de la UDI. De acuerdo con la indagatoria, Lavín León habría presentado facturas falsas por supuestos “gastos operacionales” para justificar pagos que no correspondían a labores parlamentarias.
Uno de los testimonios incorporados en la carpeta investigativa corresponde al propietario de la imprenta, quien declaró ante la Fiscalía que la deuda superaba los $8,8 millones y estaba asociada a campañas políticas impulsadas por el entonces diputado.
La fiscal Constanza Encina solicitó la prisión preventiva tanto para Lavín León como para Domínguez, petición que también respaldó el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
El exparlamentario abandonó el tribunal esposado, en medio de una causa que marca uno de los episodios judiciales más complejos para una figura ligada históricamente a uno de los apellidos más influyentes de la centroderecha chilena.
