El parlamentario manifestó reparos al anuncio realizado durante la Cuenta Pública y sostuvo que la legislación vigente ya permite identificar y sancionar a quienes cometen delitos.
El diputado Roberto Celedón expresó sus reparos al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast durante la reciente Cuenta Pública, donde planteó la creación de un registro de vándalos y una lista asociada a conductas de incivilidad.
El parlamentario sostuvo que la legislación chilena ya contempla mecanismos para identificar y sancionar a quienes cometen delitos, por lo que consideró innecesaria la implementación de un registro paralelo. Según señaló, la determinación de responsabilidades corresponde a los tribunales de justicia y a la aplicación de la ley penal.
“Comparto, en principio, la opinión del exministro Luis Cordero respecto de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de este registro”, afirmó Celedón, agregando que el único mecanismo legítimo para establecer la comisión de delitos es aquel que deriva de una resolución judicial.
El legislador también advirtió que la elaboración de listas de personas sin una condena ejecutoriada podría afectar principios fundamentales. “Tener un registro aparte es atentar contra la dignidad de las personas, no habiendo sido ellas condenadas”, indicó.
Durante sus declaraciones, Celedón vinculó el debate con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente del país. A su juicio, si se pretende elaborar registros relacionados con hechos de violencia o vandalismo, también debería considerarse a quienes fueron condenados por estos delitos.
“Si de vandalismo, brutalidad y violencia se trata, la primera experiencia que tenemos en nuestro país son las violaciones brutales a los derechos humanos”, señaló. Asimismo, recordó casos de torturas, desapariciones forzadas y otros crímenes que, según afirmó, fueron posteriormente sancionados por la justicia.
Las declaraciones del diputado se suman al debate abierto tras el anuncio presidencial, que ha generado distintas opiniones respecto de su alcance, viabilidad jurídica y compatibilidad con las garantías constitucionales vigentes.
