La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de presidio para la acusada, mientras que el Gobierno anunció que insistirá en una condena de 20 años debido a la gravedad de los hechos investigados.
La causa por un hecho de alta connotación pública entró en una etapa decisiva luego de que la Fiscalía formalizara su solicitud de pena contra la principal acusada del caso.
Según los antecedentes presentados ante el tribunal, el Ministerio Público busca que la mujer enfrente una condena de 15 años de presidio, considerando la gravedad de los hechos investigados y las circunstancias que rodean el proceso judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública, en tanto, manifestaron su conformidad con el avance de la persecución penal y reiteraron su postura respecto a la sanción que estiman adecuada para el caso.
El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, destacó el trabajo desarrollado por los organismos encargados de la investigación y aseguró que el Ejecutivo continuará respaldando las acciones judiciales impulsadas como parte querellante.
“Valoramos el que la persecución penal avance en un hecho tan grave y de alta connotación pública y en dicha instancia mantendremos nuestra pretensión punitiva que como institución realizamos en su momento como querellantes y acusadores”, afirmó la autoridad.
En esa línea, el Gobierno informó que buscará una condena superior a la solicitada por la Fiscalía, insistiendo en una pena de 20 años de cárcel, argumentando la magnitud de los hechos y el impacto que tuvieron en la comunidad.
