El diputado Jorge Guzmán pidió a la Tesorería General de la República transparentar sus criterios de cobro y evaluar alternativas más flexibles para deudores del CAE.
El diputado Jorge Guzmán anunció el envío de un oficio a la Tesorería General de la República (TGR) para solicitar información sobre los procedimientos de cobro que actualmente se aplican a personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa surge en medio del debate generado por denuncias de retenciones de fondos, embargos y otras acciones de recuperación de recursos fiscales que han afectado a deudores del sistema de financiamiento estudiantil. El parlamentario planteó la necesidad de revisar los mecanismos utilizados y conocer los criterios que respaldan estas medidas.
Según explicó, el cumplimiento de las obligaciones financieras es fundamental, pero sostuvo que las autoridades deben considerar alternativas que permitan regularizar las deudas sin provocar un impacto excesivo en la situación económica de las personas.
“No nos parece correcta la forma en que la Tesorería General de la República está actuando respecto a los deudores del CAE. Recordemos que fue el propio Estado el que generó expectativas de condonación de esta deuda y miles de personas confiaron en esos anuncios”, afirmó el legislador.
El parlamentario agregó que la discusión requiere una evaluación más amplia, considerando las dificultades que enfrentan numerosos deudores para ponerse al día con sus compromisos financieros y el contexto político que marcó el debate sobre el futuro de este crédito.
“Las deudas deben pagarse, pero la solución no puede ser el embargo de sueldos, de cuentas corrientes o ahorros sin antes explorar alternativas razonables de solución”, señaló Guzmán, quien además solicitó que la TGR estudie la posibilidad de establecer convenios de pago más flexibles.
A través del oficio, el diputado busca conocer detalles sobre los procedimientos de notificación, las alternativas de regularización disponibles y los criterios que determinan la aplicación de medidas de cobranza. También pidió evaluar mecanismos que permitan compatibilizar la recuperación de recursos públicos con la realidad económica de los afectados.
“El Estado no es un banco y debe actuar con proporcionalidad, con justicia y con sentido común”, concluyó el parlamentario.
