Profesor Alex Soto Poblete, Doctor en Demografía, Instituto de Matemáticas, miembro del Centro de Longevidad VITALIS, Universidad de Talca.
Chile envejece rápidamente, pero reducir ese proceso a una amenaza fiscal simplifica un fenómeno mucho más complejo. El debate previsional no puede limitarse al costo de las pensiones, debe incorporar desigualdad, territorio, salud y las profundas transformaciones del ciclo de vida que atraviesa el país.
El debate sobre la Pensión Garantizada Universal vuelve a instalar una idea conocida. Chile envejece rápido y eso genera presión sobre las finanzas públicas. Esa afirmación es correcta, pero insuficiente. El problema no está en reconocer el cambio demográfico, sino en reducirlo a una amenaza fiscal.
El envejecimiento de la población no es una anomalía. Es el resultado de décadas de avances sanitarios, reducción de la mortalidad, mayor sobrevivencia y transformación del ciclo de vida. Que hoy tengamos más personas mayores no debería leerse automáticamente como una carga, sino como una señal de que el país cambió y sus instituciones deben cambiar con él.
El punto débil de algunos análisis recientes es que presentan una secuencia demasiado lineal. Más personas mayores, más gasto, más presión fiscal y, por tanto, subir la edad de jubilación. Esa cadena puede parecer técnicamente razonable, pero omite dimensiones esenciales. No todas las personas mayores son dependientes. No todas las personas en edad de trabajar están empleadas. Tampoco todas las trayectorias laborales permiten extender la vida activa en las mismas condiciones.
Subir la edad legal de jubilación puede parecer una medida neutral desde una planilla fiscal, pero no lo es desde la demografía social. La esperanza de vida, la salud funcional y la capacidad de seguir trabajando no se distribuyen de manera homogénea. Dependen del nivel educacional, los ingresos, el tipo de ocupación, el territorio y el acceso acumulado a salud. Para algunos grupos, trabajar más años puede ser razonable. Para otros, puede significar trasladar el costo del ajuste fiscal hacia quienes llegan a la vejez con más desgaste físico, menores pensiones y menos protección.
También falta una mirada territorial. Chile no envejece bajo un mismo patrón demográfico. Hay comunas rurales, costeras e intermedias donde la proporción de personas mayores crece con rapidez, mientras la capacidad local de salud, cuidados y apoyo social sigue siendo limitada. Discutir la PGU solo desde el promedio nacional invisibiliza esas diferencias. La presión demográfica no ocurre en abstracto. Ocurre en territorios concretos, con servicios concretos y hogares concretos.
La PGU, además, no puede ser observada únicamente como gasto. Es una transferencia pública, pero también es un mecanismo de protección social, reducción de pobreza en la vejez y estabilización de ingresos familiares. En muchas comunas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos, estos ingresos cumplen una función social y económica relevante. La pregunta, por tanto, no es solo cuánto cuesta la PGU, sino cuánto costaría no tener un piso básico de seguridad económica para la vejez.
Nada de esto significa negar el problema fiscal. Sería irresponsable hacerlo. Chile necesita discutir seriamente la sostenibilidad de su sistema previsional. Pero una discusión seria no puede apoyarse solo en el aumento de la población mayor. Debe incorporar productividad, formalización laboral, brechas de género, desigualdad territorial, esperanza de vida saludable, financiamiento fiscal y política de cuidados.
La demografía no dicta una única solución. No obliga automáticamente a subir la edad de jubilación. Lo que hace es mostrar que el país cambió y que las respuestas deben ser más complejas que trasladar el ajuste hacia las personas mayores. El envejecimiento no es el problema. El problema es llegar tarde, mirar solo el gasto y no construir a tiempo un nuevo pacto social para una sociedad más longeva.
