El Ejecutivo ordenó investigaciones en cuatro ministerios tras detectar más de $1,4 billones sin rendición en transferencias a fundaciones y alertas en compras públicas.
El Gobierno anunció nuevas acciones de fiscalización luego de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal detectara más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no cuentan con rendiciones acreditadas. Los antecedentes forman parte del plan “Inspección Total al Estado”, iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión del gasto público.
Como resultado de la revisión, el comité instruyó investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud. Las indagatorias apuntan a examinar el uso de recursos públicos, los procesos de contratación, las rendiciones de cuentas y el cumplimiento de objetivos asociados a programas financiados por el Estado.
En el caso del Ministerio del Deporte, la revisión se concentrará en el Instituto Nacional de Deportes, mientras que en Energía se evaluará la gestión de la Agencia de Sostenibilidad Energética. En tanto, Agricultura deberá revisar transferencias realizadas a organismos ejecutores, y Salud analizará compras y contrataciones efectuadas por distintas entidades dependientes.
La presidenta del comité y subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, afirmó que el objetivo es avanzar desde la detección de alertas hacia medidas concretas. “Nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, señaló.
Millonarios montos sin respaldo
El informe reveló que entre los recursos transferidos sujetos a rendición se identificaron más de 5,4 billones de pesos, de los cuales más de 1,4 billones no acreditan correctamente su uso. Entre los organismos con mayores niveles de incumplimiento figuran el Sence, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Agricultura.
La revisión también detectó que entre 2022 y 2026 se constituyeron 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones en fondos públicos. De ese monto, cerca de $6.500 millones no registran rendiciones acreditadas y 79 fundaciones no presentan ningún antecedente de rendición.
“La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, advirtió Castillo, quien precisó que la falta de rendición no implica necesariamente la existencia de delitos, pero sí representa señales de riesgo que requieren investigación.
Alerta por compras sin licitación
Otro de los hallazgos corresponde al aumento del uso del trato directo en compras públicas. El comité identificó organismos donde más de la mitad de las adquisiciones se efectuaron sin procesos de licitación, utilizando causales como “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”.
Según el reporte, la utilización de la causal de emergencia supera en un 17% los niveles observados durante la pandemia, situación que motivará nuevas revisiones para verificar la correcta aplicación de estos mecanismos excepcionales.
Avance de investigaciones previas
Durante la sesión también se evaluó el progreso de investigaciones ya iniciadas. En Junaeb, los antecedentes relacionados con más de $14 mil millones pagados por raciones alimenticias no entregadas fueron remitidos al Ministerio Público.
Asimismo, el Ministerio de Transportes informó avances en la regularización de recursos sin respaldo administrativo, mientras que el Ministerio de Ciencia solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República por observaciones vinculadas a programas financiados con fondos estatales.
Desde el Ejecutivo indicaron que las revisiones continuarán durante los próximos meses y que podrían adoptarse nuevas medidas en caso de detectarse irregularidades adicionales.
