Iván Palomo González. Director, Centro de Longevidad VITALIS, Universidad de Talca. Coordinador del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES-CUECH).
El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley N.º 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Se trata de un hito histórico para Chile.
Por primera vez, nuestro país cuenta con un marco legal integral que reconoce explícitamente los derechos de las personas mayores y establece el deber del Estado de promover un envejecimiento digno, activo y saludable a lo largo del curso de vida.
La importancia de esta ley va mucho más allá de una declaración de principios. Reconoce derechos concretos relacionados con la salud, la participación social, la educación, el trabajo, la movilidad, la conectividad digital, el acceso a la justicia, la vida libre de violencia y el trato digno. Asimismo, incorpora enfoques especialmente relevantes para el siglo XXI: derechos humanos, curso de vida, género, territorialidad, participación social e inclusión.
Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora.
Las leyes generan oportunidades, pero son las políticas públicas las que transforman esas oportunidades en realidades. Por ello, uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es la obligación de elaborar una Política Nacional de Envejecimiento, construida mediante procesos de participación ciudadana incidente y con evaluación periódica de sus resultados.
Esta tarea adquiere especial relevancia en un país que envejece aceleradamente. Chile ya supera los tres millones de personas mayores y avanza rápidamente hacia una sociedad donde una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. En pocas décadas, la vejez dejará de ser una realidad de algunos para transformarse en una experiencia compartida por la mayoría de la población.
Frente a este escenario, la construcción de la Política Nacional de Envejecimiento requiere basarse en evidencia científica, conocimiento territorial y participación efectiva de las personas mayores. No basta con diseñar programas desde oficinas centrales; es necesario comprender las realidades urbanas y rurales, las diferencias socioeconómicas, las brechas digitales, las condiciones de salud y los diversos contextos comunitarios presentes a lo largo del país.
Desde las universidades estatales agrupadas en el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES) y desde el Centro de Longevidad VITALIS de la Universidad de Talca, hemos valorado la invitación realizada por SENAMA para participar en este proceso. Las consultas efectuadas a nuestros académicos muestran una amplia disposición a colaborar en diagnósticos territoriales, formación de agentes comunitarios, alfabetización en salud, evaluación de programas, desarrollo de indicadores y generación de experiencias piloto que permitan apoyar la implementación de la futura política.
Este es un momento para sumar capacidades y construir acuerdos de largo plazo. El envejecimiento poblacional no constituye un problema; el problema sería llegar a una sociedad envejecida sin haber preparado los sistemas de salud, los entornos comunitarios, las ciudades, los espacios de participación y las políticas públicas necesarias para responder adecuadamente a esta nueva realidad.
La promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores representa un avance significativo. Pero su verdadero valor se medirá en los próximos años, cuando seamos capaces de traducir sus principios en mejores oportunidades, mayor autonomía, más participación y una mejor calidad de vida para quienes hoy envejecen y para quienes lo harán mañana.
Porque, en definitiva, construir una sociedad amigable con las personas mayores es construir una sociedad mejor para todas las edades.
La publicación de esta ley constituye un umbral para Chile. Hemos avanzado desde el reconocimiento de los derechos de las personas mayores hacia la responsabilidad de hacerlos realidad. Cruzar ese umbral dependerá de la capacidad del Estado, las comunidades, las universidades y las propias personas mayores para construir juntos una sociedad para todas las edades.
