La nueva legislación reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos, promoviendo autonomía, participación y un envejecimiento digno en todo Chile.
Un importante cambio en la forma de abordar el envejecimiento comenzó a tomar forma en Chile tras la publicación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. La normativa establece un marco que reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos, fortaleciendo su autonomía, participación y acceso a condiciones que favorezcan una mejor calidad de vida.
La nueva legislación considera como personas mayores a quienes tienen 60 años o más y establece principios orientados a garantizar la dignidad, la independencia, la no discriminación, el buen trato, el acceso a la justicia y la participación activa en la sociedad. Con ello, busca dejar atrás una visión centrada únicamente en la asistencia o el cuidado, promoviendo una comprensión más amplia de esta etapa de la vida.
La académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Carolina Riveros Ferrada, destacó que uno de los aspectos más relevantes de la ley es el cambio cultural que impulsa. “Las personas mayores, en gran medida, son autónomas e independientes, quieren determinar su vida y que no sean terceros quienes fijen cuáles son sus condiciones de vida”, señaló.
La especialista explicó que la implementación de la norma requerirá transformaciones en distintas instituciones públicas. En este contexto, la ley fortalece el papel del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y promueve la incorporación de una perspectiva gerontológica en la gestión estatal, favoreciendo espacios, servicios y trámites más accesibles para este grupo de la población.
“Entender que las personas mayores tienen determinados derechos es un gran avance. No es solamente algo programático, sino que evidencia que el derecho de la persona mayor implica transformaciones en lo social”, afirmó Riveros.
El alcance de la normativa también se extiende a áreas como transporte, vivienda, alfabetización digital, justicia, atención ciudadana y participación comunitaria. Además, plantea desafíos especiales para los territorios, donde las necesidades de las personas mayores pueden variar entre zonas urbanas y rurales.
La ley comenzará a regir doce meses después de su publicación en el Diario Oficial. Durante ese período, instituciones y organismos deberán avanzar en las adecuaciones necesarias para que los principios establecidos en la normativa se traduzcan en acciones concretas que permitan construir una sociedad más inclusiva y respetuosa con el envejecimiento.
