La acción judicial presentada por Casino de Talca S.A. solicita investigar presuntos delitos ambientales, falsedad y corrupción vinculados al proyecto del Nuevo Casino de Talca y pide suspender sus permisos.
Una querella criminal fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Talca para que el Ministerio Público investigue una serie de hechos que, según la acción judicial, podrían configurar delitos ambientales, falsedad, corrupción pública y privada, además de otras figuras contempladas en la legislación sobre delitos económicos y responsabilidad penal de personas jurídicas. La acción fue interpuesta por Casino de Talca S.A. y se dirige contra quienes resulten responsables.
Según la documentación a la que tuvo acceso Diario El Centro, la presentación judicial sostiene que el proyecto del Nuevo Casino de Talca, emplazado junto al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, habría obtenido permisos y autorizaciones sobre la base de antecedentes que no reflejarían las condiciones reales de la obra. En ese contexto, la querella sostiene que diversas actuaciones de personas naturales, empresas y funcionarios públicos habrían permitido la continuidad de la iniciativa, pese a las observaciones formuladas durante su tramitación.
Uno de los antecedentes centrales corresponde a la profundidad de las excavaciones ejecutadas en el terreno. El escrito señala que, durante la evaluación administrativa, se informó que estas alcanzarían entre 1,4 y 1,6 metros, mientras que posteriormente un notario público certificó excavaciones cercanas a 3 metros. A juicio de la parte querellante, esa diferencia habría sido determinante para excluir el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Como respaldo técnico, la querella acompaña un informe científico de la Universidad de Talca, elaborado en febrero de 2026, que concluye —según la presentación— que el proyecto actualmente ejecutado difiere del que fue evaluado originalmente y advierte posibles efectos sobre el funcionamiento hidrológico del humedal y del acuífero asociado. Asimismo, cuestiona el análisis realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al estimar que no abordó de manera integral los riesgos ambientales del proyecto.
La acción judicial también atribuye eventuales omisiones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección de Obras Municipales de Talca (DOM) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), organismos que —según la querella— mantuvieron vigentes permisos o resoluciones pese a la aparición de nuevos antecedentes sobre el proyecto.
Entre las medidas solicitadas al tribunal, la querella pide suspender cautelarmente el Permiso de Operación del nuevo casino, el Permiso de Edificación, los actos administrativos emitidos por el SEA y la SMA, además de paralizar las obras que se ejecutan en el sector intervenido. También solicita diligencias investigativas, la declaración de diversos involucrados y la incorporación del informe elaborado por la Universidad de Talca como antecedente dentro de la investigación.
La presentación sostiene que los hechos descritos podrían configurar diversos ilícitos y solicita que el Ministerio Público determine la existencia de eventuales responsabilidades penales. La querella representa la posición de la parte querellante y será la investigación la que establezca si existen o no responsabilidades respecto de los hechos denunciados.
