Diego Palomo, Universidad de Talca.
El 29 de enero pasado, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, realizó un balance legislativo del gobierno del presidente Boric, destacando que es la administración con la mayor producción de leyes en los últimos 20 años.
Al efecto, destacó: a) Entre el 11 de marzo de 2022 y el 28 de enero de 2026, se publicaron 364 leyes; b) Esta cifra sitúa al actual gobierno como el primero en producción legislativa entre los mandatos de cuatro años. En la historia desde el retorno a la democracia, ocupa el tercer lugar, solo superado por los periodos de seis años de Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y c) De las 364 leyes, 125 corresponden a mensajes presidenciales (iniciativas del Ejecutivo).
Con todo, cabe recordar que la tarea de legislar es una labor muy seria y trascendente, y significa que todos la asuman con total compromiso y estudio y, especialmente, que la ley no tiene poder taumatúrgico. No basta solamente con leyes. Sin duda que éstas sirven, especialmente cuando están bien diseñadas y no son fruto de fórmulas de compromiso que terminan desfigurándolas, y complicando su real eficacia y cumplimiento de los fines a los cuales se han dirigido.
Por ejemplo, en el ámbito ligado a las reformas a la justicia y seguridad, más allá de las leyes, se necesita inversión muy relevante en jueces, fiscales y policías, que operan hoy bajo una recarga que les impide cumplir adecuadamente, enfrentando un fenómeno delictual creciente y más complejo. Se requiere inversión en cárceles especiales para condenados por crimen organizado.
Este problema de nuestra sociedad debemos detenerlo antes que penetre y se instale en nuestras instituciones, y para ello el reloj está corriendo. Y desde luego, no hay espacio para cálculos políticos, sino que debe primar una mirada de bien común, que busque establecer la seguridad y tranquilidad de todos y todas.
