La PDI informó al Senado que cerca de 6 mil venezolanos no pueden ser deportados por falta de relaciones consulares, complicando el plan migratorio del Gobierno.
Con información del medio asociado: BBCL.
El plan de expulsiones impulsado por el Gobierno sumó un nuevo obstáculo luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) reconociera ante la comisión de Gobierno del Senado que hoy resulta inviable concretar la salida de cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos con órdenes pendientes.
Durante la sesión, el prefecto encargado de Migraciones, Ernesto León, explicó que la ausencia de vínculos consulares con Venezuela impide avanzar en los procedimientos. “No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, señaló la autoridad policial. Además, precisó que las expulsiones hacia Caracas permanecen congeladas desde junio de 2025.
El antecedente golpea una de las principales promesas del Ejecutivo, que anunció una política más estricta en materia migratoria y mayores controles fronterizos. La dificultad adquiere relevancia porque una parte importante de las órdenes de expulsión corresponde justamente a ciudadanos venezolanos.
La semana pasada el Gobierno concretó su primer vuelo de expulsión con 40 extranjeros de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana. En ese operativo no viajaron venezolanos, situación que ya había encendido cuestionamientos sobre la viabilidad del plan.
A las trabas diplomáticas se suman los altos costos operativos. Cada expulsión implica traslados, escolta policial y coordinación internacional, con gastos cercanos a $3 millones por persona, según antecedentes expuestos en el debate público.
Mientras el Senado analiza nuevas sanciones al ingreso clandestino, la exposición de la PDI dejó en evidencia que endurecer la ley no garantiza por sí solo la ejecución de las deportaciones, ya que el proceso también depende de la cooperación de los países de origen.
