La parlamentaria por el Maule cuestionó los embargos a deudores del CAE y aseguró que la medida afecta principalmente a personas de bajos ingresos, mujeres y cesantes.
La controversia por los embargos de cuentas bancarias a personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) continúa generando reacciones en el ámbito político. La senadora Beatriz Sánchez cuestionó la medida impulsada por la Tesorería General de la República (TGR) y acusó al Gobierno de actuar con severidad frente a ciudadanos endeudados, mientras mantiene criterios distintos en otros casos de grandes deudas.
La parlamentaria sostuvo que los embargos han provocado preocupación entre cientos de afectados, quienes denuncian la extracción total de recursos desde sus cuentas bancarias. Según diversas denuncias, la medida no solo habría impactado a personas con altos ingresos, sino también a trabajadores con remuneraciones menores e incluso a personas que actualmente se encuentran sin empleo.
“El gobierno persigue a la gente, pero le perdona a Cugat una deuda de 30 mil millones de pesos”, afirmó la senadora, cuestionando lo que calificó como una evidente diferencia de trato en materia de cobro de obligaciones financieras.
Sánchez respaldó sus críticas con cifras elaboradas por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (CEM). De acuerdo con esos antecedentes, el 69% de los deudores del CAE registra ingresos promedio inferiores a los 750 mil pesos mensuales, porcentaje que aumenta entre quienes no lograron terminar sus estudios superiores y entre personas pertenecientes a los sectores de menores ingresos.
La legisladora también puso énfasis en el impacto que la deuda tiene sobre las mujeres. Según indicó, ellas representan el 57% de las personas endeudadas por este crédito y, en una alta proporción, pertenecen a los primeros quintiles de ingresos. Además, señaló que el 72% de las mujeres deudoras percibe menos de 750 mil pesos mensuales, mientras que una parte significativa no logró completar su formación académica.
La discusión sobre el futuro del CAE y los mecanismos de recuperación de la deuda sigue instalada en el debate público, especialmente tras las denuncias de personas que aseguran haber quedado sin recursos disponibles tras la ejecución de los embargos.
