Con 85 votos favorables, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast eliminar el lenguaje inclusivo en organismos públicos, generando respaldo y críticas desde distintos sectores.
La Cámara de Diputados aprobó una resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast dejar sin efecto las disposiciones administrativas que promuevan el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos organismos del Estado.
La iniciativa obtuvo 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, reflejando las distintas posturas que existen en el Congreso respecto del uso de expresiones inclusivas en las comunicaciones oficiales. El texto plantea que ministerios, subsecretarías y otros servicios públicos adopten las normas tradicionales del idioma español en documentos, comunicaciones y actos institucionales.
Durante la discusión, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), explicó que la propuesta busca instruir a los organismos estatales para que eliminen actos administrativos que impulsen el uso del lenguaje inclusivo. Según indicó, la medida pretende resguardar el uso correcto del castellano en las comunicaciones oficiales.
Los impulsores de la resolución sostienen que el Estado debe utilizar un lenguaje claro, uniforme y ajustado a las normas gramaticales vigentes. A su juicio, algunas fórmulas asociadas al lenguaje inclusivo podrían generar dificultades de comprensión en documentos destinados a toda la ciudadanía.
Pese a su aprobación, la resolución tiene carácter de solicitud al Ejecutivo y no implica modificaciones legales automáticas. Corresponderá al Gobierno evaluar si adopta o no las medidas planteadas por la Cámara.
La decisión también generó cuestionamientos desde organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales, su directora ejecutiva, María José Cumplido, afirmó que “el lenguaje evoluciona de manera natural” y sostuvo que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse.
En la misma línea, el Movilh criticó la medida y señaló que “el lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición”, argumentando que en una democracia debe prevalecer la libertad de expresión y el respeto a la diversidad.
El debate reabre una discusión que ha marcado los últimos años en el país, especialmente tras la publicación, en 2022, de orientaciones impulsadas por organismos gubernamentales para promover formas de comunicación más inclusivas en el sector público.
