Representantes de manipuladoras de alimentos manifestaron su inquietud por el recorte anunciado en alimentación escolar, advirtiendo efectos en empleos, calidad del servicio y condiciones laborales.
La preocupación por el futuro de los programas de alimentación escolar y parvularia marcó una reunión realizada en el Congreso Nacional, en Valparaíso, donde representantes de organizaciones de manipuladoras de alimentos dialogaron con autoridades de gobierno y parlamentarios sobre el impacto de los ajustes presupuestarios anunciados para el sector.
En el encuentro participaron la ministra de Educación, María Paz Arzola; el director de JUNAEB, Fernando Peña; además de senadoras, senadores y dirigentas gremiales provenientes de distintas regiones del país. Las representantes expusieron su inquietud ante la reducción del 3% en los recursos destinados a la alimentación escolar, medida que, según señalaron, podría afectar tanto la continuidad del servicio como las condiciones laborales de miles de trabajadoras.
Las dirigentas Alejandra Muñoz, secretaria general de CONFETRAP, y María Teresa Véjar, representante de UNAMA, plantearon que cualquier disminución presupuestaria podría repercutir en la calidad de la alimentación entregada a estudiantes y párvulos, además de generar incertidumbre respecto de la estabilidad laboral del gremio.
Tras la reunión, la senadora Beatriz Sánchez expresó su respaldo a las trabajadoras y llamó a entregar certezas sobre el futuro del programa. “Las manipuladoras de alimentos hoy demandan claridad ante el recorte de 3% en alimentación escolar anunciado por el gobierno, por lo que temen por su trabajo y la continuidad del programa”, afirmó.
La parlamentaria agregó que la incertidumbre resulta especialmente preocupante para un sector que ha impulsado durante años mejoras en materia de derechos laborales y beneficios. Asimismo, sostuvo que cualquier ajuste presupuestario tiene consecuencias directas en la operación del servicio y en las condiciones de trabajo de quienes lo ejecutan.
Sánchez también cuestionó algunos procesos de licitación asociados a la alimentación escolar. Según indicó, en ocasiones estos mecanismos no consideran la experiencia acumulada por las manipuladoras, permitiendo que empresas con deficiencias en la calidad de los alimentos se adjudiquen contratos. “Se las debe escuchar y no sólo exponer a este temor real que hoy tienen”, enfatizó la senadora.
Las organizaciones gremiales esperan que las autoridades entreguen definiciones claras respecto del financiamiento de los programas de alimentación, con el objetivo de resguardar tanto la calidad del servicio que reciben miles de estudiantes como la estabilidad laboral de las trabajadoras que lo hacen posible.
