Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Hay una constatación incómoda, pero cada vez más evidente, que atraviesa nuestra vida pública: demasiadas veces la política parece valorar las instituciones no por lo que ellas significan para el Estado de Derecho, sino por la utilidad coyuntural que prestan en la disputa contra el adversario. Se celebra a los tribunales cuando sus resoluciones afectan al contrario; se invoca al Tribunal Constitucional cuando sirve para contener una agenda ajena; se defiende a la Contraloría cuando observa la actuación del otro; se elogia al Ministerio Público cuando sus investigaciones comprometen a quienes están en la vereda opuesta. Hasta ahí, todo parece institucionalismo. Pero no siempre lo es.
El problema aparece cuando esa misma institución, con las mismas reglas, con los mismos procedimientos y con la misma legitimidad formal, adopta una decisión que ya no incomoda al adversario, sino al propio sector, al compañero de partido, al amigo político o al integrante de las mismas filas. Allí, con demasiada rapidez, el discurso cambia. Lo que ayer era independencia, hoy pasa a ser persecución. Lo que ayer era control republicano, hoy se presenta como abuso. Lo que ayer era justicia, hoy se denuncia como operación política. Lo que ayer era autonomía institucional, hoy se transforma en una molestia que conviene relativizar, erosionar o desacreditar.
Esta doble vara es una de las enfermedades más serias de nuestra convivencia democrática. No porque las instituciones sean perfectas. No lo son. Pueden equivocarse, demorarse, excederse, fallar en su comunicación, cometer errores de criterio e incluso requerir reformas profundas. Pero una cosa es someterlas a crítica razonada, responsable y fundada, y otra muy distinta es convertir cada decisión desfavorable en una oportunidad para poner en cuestión su legitimidad completa. La crítica institucional fortalece; el ataque interesado debilita. La primera forma parte de una democracia adulta. El segundo es expresión de una política adolescente, incapaz de aceptar límites cuando esos límites afectan sus propios intereses.
La pregunta de fondo es simple: ¿creemos o no creemos en las instituciones? Porque creer en ellas no puede significar defenderlas únicamente cuando sus actuaciones coinciden con nuestras preferencias. Creer en las instituciones implica aceptar su autonomía precisamente cuando incomodan. Implica comprender que los tribunales no están para agradar a las mayorías ni a las minorías; que la Contraloría no existe para facilitar gobiernos, sino para controlar juridicidad; que el Tribunal Constitucional no puede ser bueno o malo según el resultado de turno; que el Ministerio Público no debe investigar con cálculo político, sino conforme a antecedentes, reglas y responsabilidad.
Chile no dará un salto cualitativo como país si sigue entendiendo la institucionalidad como un instrumento disponible para la pelea contingente. No habrá desarrollo verdadero, ni confianza pública, ni seguridad jurídica, ni cohesión democrática si seguimos tratando a las instituciones como trincheras. Los países no progresan solo por sus recursos naturales, por sus cifras macroeconómicas o por sus ciclos de crecimiento. Progresan, sobre todo, cuando logran construir reglas estables, autoridades sometidas a control, órganos autónomos respetados y una cultura política capaz de distinguir entre el interés del partido y el interés del país.
Por eso conviene repetirlo, aunque suene elemental: instituciones, instituciones e instituciones. Allí está buena parte de la clave. No porque las instituciones sean un fetiche formalista ni porque deban quedar inmunes al escrutinio ciudadano, sino porque sin ellas lo que queda es la fuerza, el cálculo, la influencia, la presión comunicacional, el poder económico, la amistad, la pertenencia partidaria o la capacidad de gritar más fuerte. Cuando las instituciones se debilitan, los ciudadanos comunes quedan más solos. Y cuando la política aprende que puede erosionarlas cada vez que le resultan incómodas, el Estado de Derecho deja de ser una garantía común y se transforma en un campo de batalla.
El desafío es especialmente exigente para quienes ejercen liderazgo público. La verdadera estatura democrática no se mide cuando una institución confirma nuestras convicciones, sino cuando las contradice. Allí se prueba la convicción republicana. Allí se distingue al servidor público del operador político. Allí aparece la diferencia entre quien entiende el poder como responsabilidad y quien lo concibe como propiedad transitoria de una facción. Defender la institucionalidad cuando beneficia al adversario y cuando incomoda al propio sector no es ingenuidad: es madurez democrática.
Nada de esto supone renunciar a las reformas. Al contrario. Las instituciones deben ser revisadas, corregidas y fortalecidas. Si un procedimiento es lento, mejórese. Si hay opacidad, introdúzcanse reglas de transparencia. Si existe falta de rendición de cuentas, refuércense los mecanismos de responsabilidad. Si hay diseños defectuosos, discútanse con seriedad. Pero no confundamos reforma institucional con revancha política. No confundamos crítica con demolición. No confundamos control democrático con presión indebida. Y, sobre todo, no confundamos una decisión que no nos gusta con una prueba automática de ilegitimidad.
Chile lleva demasiado tiempo secuestrado por intereses particulares, pequeñas conveniencias, cálculos partidistas y personajes que parecen haber llegado a la vida pública más preocupados de su propia supervivencia que del bien común. Ese deterioro no se supera con discursos grandilocuentes ni con indignaciones selectivas. Se supera recuperando una convicción básica: las instituciones están primero. Primero que el partido. Primero que el gobierno de turno. Primero que la popularidad momentánea. Primero que el amigo, el aliado o el compañero de ruta.
La democracia necesita controversia, debate y fiscalización. Pero también necesita límites, lealtad institucional y cierta sobriedad republicana. No se trata de pedir silencio frente a los errores del poder, sino de exigir responsabilidad frente al lenguaje con que los enfrentamos. Porque cuando todo se presenta como conspiración, persecución o montaje, nada queda en pie. Y cuando nada queda en pie, no ganan los ciudadanos: ganan los más fuertes.
El país requiere una política capaz de entender que las instituciones no son valiosas porque nos favorecen, sino porque nos sobreviven. Están llamadas a ordenar la convivencia más allá de nuestras preferencias, nuestras derrotas y nuestras victorias. Cuidarlas no es una concesión al adversario. Es una inversión en civilización democrática. Y esa inversión, aunque a veces parezca lenta, incómoda o poco rentable para la coyuntura, es la única que puede permitirnos salir del círculo pequeño de la desconfianza, la sospecha y el oportunismo.
Las instituciones primero. No como consigna vacía. No como frase para usar cuando conviene. Sino como regla de conducta pública. Porque un país que no respeta sus instituciones cuando ellas incomodan, tarde o temprano descubre que ya no tiene instituciones que lo protejan cuando las necesita.
