La denominada “auditoría total” revisó más de 913 millones de datos y detectó fallas, pagos postergados y posibles irregularidades en organismos públicos.
El Gobierno informó este lunes los resultados preliminares de la denominada “auditoría total”, proceso que identificó alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones en distintos organismos públicos durante el período 2022-2026.
La revisión estuvo a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y analizó más de 913 millones de datos provenientes de más de 500 servicios públicos. A raíz de los hallazgos, el Ejecutivo instruyó investigaciones en la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la ANID.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, aseguró que el proceso permitió detectar “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.
Entre las principales observaciones, la auditoría detectó bajas rendiciones de recursos, entidades receptoras de fondos sin inscripción en registros oficiales, compras reiteradas a un mismo proveedor y contratos con hitos incumplidos. Además, el informe identificó organismos con subejecución presupuestaria superior al 30% y problemas en la recuperación de subsidios asociados a licencias médicas.
Uno de los puntos más relevantes corresponde a la existencia de US$3.200 millones en pagos postergados, cifra equivalente a cerca del 1% del PIB nacional. Según el reporte, los montos afectan a distintos programas estatales y proveedores.
Entre los recursos comprometidos aparecen US$268 millones destinados a casi 10 mil pymes proveedoras del Estado, además de US$400 millones vinculados a gratuidad universitaria, US$650 millones asociados a la Junaeb y cerca de US$1.000 millones adeudados a proveedores del sistema de salud.
La auditoría también cuestionó operaciones por US$3.170 millones realizadas mediante Trato Directo o Compra Ágil, pese a que, según el informe, existían condiciones para efectuar licitaciones públicas. El costo estimado de estas prácticas alcanzaría los US$760 millones.
Entre los organismos con mayores montos observados figura la Cenabast, con cerca de US$700 millones en operaciones cuestionadas. Le siguen el Registro Civil con US$350 millones y el Servicio de Salud Sur con US$56 millones.
Asimismo, el informe identificó altos niveles de compras ágiles en recintos hospitalarios como el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, el Hospital de Puerto Montt, el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Hospital Regional de Iquique.
Finalmente, el Ejecutivo informó que detectó cerca de US$150 millones pendientes de recuperación por concepto de subsidios asociados a licencias médicas.
