La nueva Ley 21.817 modificó la Ley 20.000 e incorporó criterios basados en la toxicidad de las sustancias, nuevas agravantes penales y una actualización del catálogo de drogas peligrosas.
El pasado 23 de mayo de 2026 entró en vigencia la Ley 21.817, normativa que introduce importantes modificaciones a la Ley 20.000, fortaleciendo las herramientas legales para enfrentar delitos relacionados con el tráfico y distribución de drogas en Chile.
Uno de los cambios más relevantes apunta al criterio utilizado para determinar la gravedad de los delitos. A partir de ahora, la legislación no solo considerará la cantidad de sustancia incautada, sino también su nivel de peligrosidad. Esto significa que incluso pequeñas cantidades podrán ser sancionadas con las penas más altas cuando tengan la capacidad de provocar graves daños a la salud o efectos tóxicos significativos.
La nueva normativa establece que, cuando una sustancia presente un elevado riesgo sanitario, los responsables podrán enfrentar las sanciones contempladas para el tráfico mayor, reforzando así la persecución de drogas de alta peligrosidad.
La reforma también incorpora nuevas circunstancias agravantes para quienes cometan este tipo de delitos. Entre ellas destacan el uso de tecnologías avanzadas o aplicaciones digitales para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico, la adulteración de sustancias con el propósito de aumentar su potencial dañino y la sustracción de medicamentos desde establecimientos de salud.
Otro aspecto relevante corresponde a la actualización del marco regulatorio. La ley establece que el Ministerio de Seguridad Pública dispondrá de un plazo de seis meses para modificar el reglamento vigente, contenido en el Decreto N.º 867, con el objetivo de definir de manera más precisa cuáles serán las sustancias consideradas de alta peligrosidad, incluso cuando se encuentren en cantidades reducidas.
