El Sindicato de Trabajadores de Metro y el dirigente Luis Cortés rechazaron las acusaciones de uso personal de un inmueble fiscal y aseguraron que su presencia en el lugar respondió a labores de resguardo tras reiterados intentos de ocupación.
La directiva del Sindicato Interempresa de Trabajadores de Metro de Santiago salió al paso de las acusaciones surgidas tras un reportaje televisivo, emitido por Chilevisión, que cuestionó el uso de un inmueble fiscal entregado a la organización sindical. A través de un comunicado público, la entidad sostuvo que la propiedad fue utilizada para actividades gremiales y que su administración se ajustó a los fines para los cuales fue concedida.
Según explicó la organización, el inmueble fue entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales en octubre de 2021 para el funcionamiento sindical. Durante los primeros años se desarrollaron reuniones y actividades gremiales, pero posteriormente el sindicato optó por trasladar sus operaciones a una sede ubicada en el centro de Santiago debido a problemas de conectividad y participación de sus socios.
La controversia se centra en la utilización reciente del inmueble y en la presencia de personas vinculadas al dirigente sindical Luis Cortés, quien asumió públicamente la responsabilidad sobre el resguardo de la propiedad. El dirigente afirmó que permaneció en el lugar en distintas ocasiones para evitar nuevas ocupaciones ilegales y proteger los bienes de la organización.
“Efectivamente, el responsable de ese inmueble soy yo”, señaló Cortés, agregando que la sede fue utilizada para actividades gremiales y que existen registros audiovisuales que respaldan dichas actividades. Además, sostuvo que en varias oportunidades terceros ingresaron al recinto, cambiaron cerraduras y sustrajeron artículos pertenecientes al sindicato, hechos que habrían sido denunciados ante Carabineros.
El dirigente también reconoció que familiares permanecieron ocasionalmente en el inmueble. Sin embargo, aseguró que esa situación respondió a motivos de seguridad, luego de que la propiedad fuera ocupada en al menos tres oportunidades. “Tomé la decisión de quedarme algunos días en el lugar de manera responsable, resguardando la propiedad y la seguridad de mi familia”, afirmó.
Respecto de las acusaciones realizadas por una vecina entrevistada en el reportaje, Cortés aseguró que mantiene diferencias previas con ella relacionadas con los límites del terreno. Según indicó, la mujer tenía conocimiento de episodios de ocupación irregular y habría mantenido conflictos vinculados al uso del espacio colindante.
Por su parte, la directiva sindical informó que solicitó todos los antecedentes relacionados con la administración del inmueble para realizar una revisión interna y determinar si corresponde adoptar medidas adicionales. Asimismo, reiteró que la concesión del recinto se mantiene vigente hasta octubre de 2026 y que la organización tiene la obligación de restituirlo en buenas condiciones al Estado.
En el comunicado, el sindicato rechazó cualquier interpretación que sugiera un beneficio personal derivado del uso de la propiedad y enfatizó que su principal preocupación ha sido preservar el inmueble mientras permanece bajo su responsabilidad. Además, reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades y entregar toda la información que sea requerida para aclarar los hechos.
La organización concluyó reiterando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el correcto uso de los bienes fiscales destinados al desarrollo de actividades sindicales.
